ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PRECEDENTES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Resumen

Desde mediados del Siglo XIX y durante el Siglo XX las mujeres reclamaron organizadamente la igualdad de derechos con los varones.  Desde este modo se fue logrando una igualdad formal que otorgaba en la letra iguales derechos a varones que a mujeres.   No obstante ello, la realidad de sometimiento de la mujer permaneció inalterada  y la trampa positivista retornó una vez más las explicaciones naturalistas. En la segunda mitad del Siglo XX y, en gran medida, bajo la influencia de Simone de Beauvoir (autora del libro “El segundo sexo”, 1949), los estudios sobre género comenzaron a develar el modo sutil (o no tan sutil) por el cual, a partir de la construcción social de los estereotipos, se instalaba la discriminación contra la mujer como paso previo al examen de la igualdad de modo tal que, más allá de lo discursivo, la igualdad se torna imposible cuando la referencia sobre la que se pretende construirla ha sido de antemano definida en términos masculinos. Por otro lado, el movimiento de mujeres puso el acento en la eliminación de dos modos de violencia paradigmáticos que las afectaban impidiendo su desarrollo y participación plena en la vida social: la violencia doméstica y la violencia del sistema prostituyente.  Sostenidas ambas en la ficticia distinción de espacio privado y espacio público, por una razón u otra, se desplegaron impunemente al margen de la intervención del Estado y constituyeron y constituyen la expresión más brutal e impúdicamente tolerada de la violencia contra la mujer. A partir de la década del ´70, Diane Russell y Jill Radford van a sistematizar el estudio de la violencia contra la mujer en su elaborado concepto de feminicidio y van a presentar el carácter sistemático de dicha violencia, dejando en evidencia su contenido político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) ha manifestado reiteradamente que un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos.